La Razón

La agrupación fujimorista Fuerza 2011 ha nominado hasta la fecha a 11 candidatos a presidentes regionales, 72 para alcaldes provinciales y 435 para igual número de alcaldías distritales en todo el país.

En los próximos días se prevé el respaldo público del fujimorismo a la candidatura del ex ministro fujimorista Absalón Vásquez a la presidencia regional de Cajamarca, quien ha sido lanzado por el movimiento regional independiente Cajamarca Siempre Verde.

Las restantes plazas serán cubiertas en los próximos meses con candidatos propios en algunas localidades y en otras en alianza con agrupaciones regionales.

En Cusco, donde Keiko Fujimori cumplió recientemente una gira, ha sido lanzado a la presidencia regional el dos veces alcalde provincial, ingeniero Carlos Valencia Miranda, del Movimiento Regional Pueblo en Acción. Otros candidatos regionales son: Eduardo Felipe Cabrera Ganoza (Ica), Moisés Guía Pinto (Junín), Tomás Ortiz Sotelo (Apurimac), Wilfredo Bermúdez Alvarado (Pasco), Santiago Cabrera Medina (San Martín), Cristhoper Martín Alcázar Mostacero (Ancash), Luis Carlos Mendoza Ayón (Ucayali) y Fernando Cáceres Rossel (Piura).

GPF Prensa, jue 8 jul.- La lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, llegó a la ciudad de Ica en respaldo de los candidatos al gobierno regional y las municipalidades provinciales de la región, generando un movimiento popular que se volcó a las calles del centro de la ciudad.

En horas de la mañana, fue invitada a un programa de televisión local, luego de lo cual mantuvo una reunión con la prensa. Más adelante, visitó San Juan Bautista, uno de los distritos de mayor pobreza, destruido en un 90 por ciento en el terremoto de 2007. La lideresa de Fuerza 2011 estuvo acompañada de Eduardo Cabrera Ganoza, candidato a la presidencia regional. En Ica, Keiko partició luego de un pasacalle multitudinario que ocupó las principales calles del centro, con orquesta en vivo desde un estrado móvil. Miles la acompañaron hasta su local partidario.

La candidata de Fuerza 2011 evidenció indignación por el lamentable abandono en que se encuentran hasta la fecha damnificados del terremoto de 2007, y aseguró que las autoridades electas de Fuerza 2011 trabajarán incansablemente para reconstruir Ica, Pisco y Chincha, que aún tienen un 70 por ciento de viviendas sin reconstruir.

Aseguró, además, que en el gobierno trabajará con las autoridades iqueñas en la construcción de nuevas obras de envergadura, centros educativos, redes de alcantarillado, electrificación y titulos de propiedad especialmente en las zonas de mayor pobreza.

El respaldo popular a Fuerza 2011 se apreció en las calles. Ica se convirtió en un bastión fujimorista desde que, durante la inundación del Niño de 1998, el gobierno fujimorista asumiera de inmediato la responsabilidad de la reconstrucción, ganando para siempre la confianza de la ciudadanía iqueña.

La intolerante y grosera injerencia del presidente de la Corte Interamericana

Por Víctor Robles Sosa (*)

La semana pasada, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán agravió al pueblo peruano, al ejercer una defensa pública de la terrorista estadounidense Lori Berenson, y nadie se ha atrevido a contestarle, tal vez por miedo a un carga montón de ataques de parte del aparato mediático toledista-caviar.

En declaraciones a un programa radial del Instituto de Defensa Legal (IDL), García Sayán llamó “intolerantes” a los ciudadanos que protestan por la excarcelación de Berenson; y, yendo más lejos aún, acusó a quienes protagonizaron aquella protesta en Miraflores de tener amenazado de muerte a la terrorista.

También agravió a los ciidadanos que denuncian la persecución penal que sufren muchos militares acusados injustamente de supuestos delitos durante la lucha contra el terrorismo, llamándolos “corruptos” y encubridores de “violadores de derechos humanos”

García Sayán afirmó además que él cree que Berenson se ha arrepentido “porque es del MRTA”, una organización que, según dijo, “pertenece a la corriente de movimientos políticos de Centroamérica que han abandonado la lucha armada, como por ejemplo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador”.

Pero lo más grave de sus declaraciones fue insinuar que el gobierno democrático del Perú estaría fraguando, de manera oculta e ilegal, la aprobación de una “amnistía camuflada” a favor de “violadores de derechos humanos”.

Lo primero debemos hacer es preguntarnos ¿puede el señor García Sayán despojarse de su condición de presidente de la Corte IDH, como quien se quita o se pone un birrete, para hablar como lo ha hacho, es decir como un político intolerante de izquierda?

¿Puede el presidente de una corte internacional lanzar un ataque sibilino contra un gobierno, tal como lo ha hecho él al acusar tácitamente al gobierno peruano de estar preparando una “”amnistía camuflada” para “violadores de derechos humanos?

Es obvio que la “amnistía camuflada” no existe jurídicamente, es una frase a todas luces política y malintencionada. Lo más probable es que las ONG hermanas de García Sayán impugnarán ante la Corte IDH las leyes que pongan punto final a la persecución judicial indiscriminada a los militares, pero ya el presidente de ese tribunal ha adelantado opinión con evidente prejuicio político, tratando de presionar a las autoridades peruanas.

Hablar de “amnistía camuflada” es tendencioso y cobarde de parte de García Sayán porque daña la imagen del país donde nació y socava nuestra democracia al presentarla ante el resto del mundo como un sistema político que encubre el crimen y el delito.

El presidente de la Corte IDH pretende tapar el sol con un dedo al negar que en el Perú hay una persecución penal injusta y una violación sistemática del debido proceso por algunos malos jueces y malos fiscales, en agravio de militares y policías, como lo prueban los casos del coronel Juan Gonzales Sandoval y el general Adrián Huamán, por citar solo dos ejemplos.

¿Acaso no es una violación de derechos humanos tener a una persona enjuiciada casi diez años sin sentenciarla, como es el caso del general Juan Rivero Lazo; o condenarla sin que haya ni una prueba y ningún testigo en su contra como es el caso del general Salazar Monroe? ¿Qué clase de DDHH defiende el señor García Sayán, acaso solo los de los terroristas?

García Sayán incurre en ignorancia o tal vez mala fe al afirmar de manera tácita que los procesos judiciales a los militares en el Perú son iguales a los de Argentina y Uruguay. El falso porque en esos países se aplicó políticas de Estado de violación de los derechos humanos, lo cual no ocurrió en nuestro país, pues la defensa de la sociedad ante la agresión terrorista fue ejercida por tres gobiernos democráticos distintos que aplicaron políticas diferentes.

Esa misma ignorancia reluce cuando, para defender a Berenson, sostiene que el MRTA es lo mismo que el FMLN, ya que éste fue un movimiento guerrillero que se enfrentó dando la cara y con el apoyo de un sector de la población, mientras que la banda de Polay es un grupo terrorista que secuestró, asesinó y torturó a inocentes en las sombras y jamás tuvo respaldo popular alguno. García Sayán confunde sus deseos con al realidad en este punto.

En democracia, los ciudadanos tienen derecho a protestar pacíficamente, como lo hicieron los vecinos de Miraflores y de otras partes que se manifestaron contra la excarcelación de la Berenson. El intolerante es García Sayán, porque se exaspera y agravia a quienes ejercen su derecho a la protesta, como si fuese defensor de la terrorista norteamericana.

Me sorprende que nadie del gobierno, haya salido a desmentir con firmeza y claridad las inexactitudes y graves acusaciones que ha vertido el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del gobierno democrático y de los ciudadanos que piensan distinto que él.

El presidente de la CIDH debería pedirle disculpas oficiales al Perú  porque se ha entrometido en los asuntos políticos internos del país, al criticar con evidente intención política la decisión soberana del Congreso de delegarle facultades legislativas al Ejecutivo, insinuando además que las autoridades peruanas están cocinando algo ilegal.

Y nuestras autoridades, en particular la Cancillería y el Ministerio de Justicia, están obligadas a protestar por la intromisión grosera, y las frases agraviantes contra los peruanos.

Le recordados  además al ex canciller toledista que está en deuda con Perú por haber aceptado ante la Corte IDH, el año 2006, que el Estado peruano torturó a la ex suboficial del ejército Leonor La Rosa, lo cual jamás ocurrió, como consta en una sentencia consentida de la justicia peruana.